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Se limitan los pagos en efectivo a 1.000 €, siempre que intervenga un empresario o profesional

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Se limitan los pagos en efectivo a 1.000 €, siempre que intervenga un empresario o profesional

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Se limitan los pagos en efectivo a 1.000 €, siempre que intervenga un empresario o profesional.

Se publica la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que modifica el límite máximo para pagos en efectivo siempre que una de las partes actúe como empresario o profesional, pasando de 2.500 a 1.000 €.

Los particulares con domicilio fiscal fuera de España también verán limitados los pagos en efectivos de los 15.000 actuales hasta los 10.000 euros.

El objetivo de estos nuevos límites, es tratar de reducir las operaciones en efectivo, más difíciles de rastrear, y así evitar situaciones fraudulentas o de economía sumergida.

 

En el caso de operaciones entre particulares la situación no cambia, así, el límite para las transacciones en efectivo se mantiene en 2.500 euros. A modo de ejemplo, quedarían fuera de esta limitación de 1.000 €, las compras entre particulares de vehículos, bienes muebles… siempre que no se realice en el ámbito de una actividad económica.

 

De esta forma, se modifica el el apartado primero del artículo 7 de la Ley 7/2012, quedando la redacción como se indica a continuación:

«1. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 € o su contravalor en moneda extranjera.

No obstante, el citado importe será de 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional».

 

La norma entra en vigor el 11 de julio de 2021.

 

A continuación les informamos de otras medidas incluidas en esta Ley:

 

Se reducen importes para aparecer en el listado de deudores

La nueva Ley introduce cambios en la lista de deudores con la Hacienda Pública, reduciendo la cifra para aparecer en dicho listado del 1.000.000 de € a los 600.000 €.

Además, en la lista se incluiría, no sólo a los titulares de la deuda, si no también a todos aquellos responsables solidarios que pudieran existir.

 

El valor de referencia del Catastro se convertirá en la base imponible de los tributos patrimoniales

El valor de referencia que determine la base imponible de los impuestos patrimoniales, no será el valor real de los inmuebles, sino su valor de mercado. Esta medida, afectaría a los siguientes impuestos:

-Impuesto de Patrimonio sobre inmuebles cuya base imponible haya sido el valor de referencia del catastro.

-Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

-Impuesto de Sucesiones y donaciones.

-Actos Jurídicos Documentados.

El valor de referencia de cada inmueble estará basado en las compraventas realizadas ante notario y se tendrá en cuenta la antigüedad y características de cada uno.

Este valor se fijará por el Catastro a partir del 1 de enero de 2022, fecha en la que entraría en vigor, afectando a aquellos propietarios que adquieran el inmueble a partir de esa fecha.

 

Se prohíben amnistías fiscales

Esta medida no permitirá ningún tipo de instrumento extraordinario para regularizar la situación fiscal de los deudores, impidiendo así, posibles beneficios tributarios.

 

Control sobre las criptodivisas

La nueva Ley exigirá suministrar información sobre las operaciones realizadas con criptomonedas. Esta obligación abarcará los movimientos de compra, transmisión, cambio y transferencia de criptodivisas.

De igual forma, se tendrá que presentar el modelo 720 (declaraciones de bienes y derechos en el exterior) en los casos de tenencia de este tipo de monedas en otros países.

 

Prohibido el software de doble uso

Se introduce la prohibición del denominado software de doble uso. En concreto, la norma impide la producción, tenencia o uso de sistemas y aplicaciones informáticas de gestión contable que puedan manipular y falsear la contabilidad de las empresas, con el objetivo de ocultar a la Administración Tributaria una parte de su facturación.

La norma exige que los sistemas electrónicos utilizados en la contabilidad o la gestión empresarial se ajusten a unos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de las operaciones.

 

Transposición de la normativa europea de las prácticas de elusión fiscal

En esta Ley se ha incluido la transposición de la Directiva europea cuyo fin es evitar la elusión fiscal.

La nueva ley antifraude pretende reforzar en España la tributación de rentas localizadas en territorios de baja fiscalidad, evitando la deslocalización. Se persigue que las empresas que se trasladen a otro país, eviten tributar por las bases imponibles que, de acuerdo con la ley, deben gravar en España.

 

Paraísos fiscales

Se actualiza y amplía el concepto de paraíso fiscal, incluyéndose en el listado aquellos países o territorios en los que exista opacidad y falta de transparencia. Dentro de los mismos, se hace una especial referencia a aquellos en los cuales no exista intercambio de información, baja o nula tributación.

 

Para cualquier aclaración, no duden en contactar con nosotros.